En un reciente comunicado la APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos), como organización más veterana en España en la defensa de los derechos humanos, instaba al Gobierno español a tener más presencia en las negociaciones de la Convención de Cooperación Internacional para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes más graves que se están llevando a cabo.
En efecto, desde el 2011 un grupo de Estados está negociando la adopción de una posible Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra. La represión de estos crímenes internacionales es una obligación de los Estados que deriva de los tratados, la costumbre y el derecho internacional imperativo. Ahora bien, la práctica demuestra que toda esta lucha contra la impunidad, no puede únicamente llevarse a cabo por tribunales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional, se necesita de la actuación de tribunales nacionales a través del mecanismo de la jurisdicción universal.
Así pues, con el firme propósito por el cual estas investigaciones y enjuiciamientos de casos de crímenes internacionales tengan las máximas garantías de éxito, se requiere inevitablemente de la cooperación de los Estados. Y esto es lo que se pretende con este proyecto de tratado sobre asistencia legal mutua y extradición. Precisamente esa cooperación, cuando fructifica, permite juicio como el que se está celebrando en la actualidad en la Audiencia Nacional y en el que se está juzgando al Coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, que fue extraditado a España desde Estados Unidos para enfrentarse a los cargos por la participación en la masacre de los jesuitas en 1989 (puede consultarse la información sobre este juicio en la web del APDHE que desde el inicio ha ejercido la acción popular Aqui )
Así pues, resulta vital la cooperación entre los Estados a la hora de perseguir genocidios, torturas o crímenes de guerra, y lo que sucede es que el actual borrador de tratado internacional presenta una serie de lagunas que ya manifestó la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), con otro grupo de organizaciones de derechos humanos, en enero de este año 2020. De forma especial, el texto del futuro tratado debe ampliar todas las disposiciones relativas a los derechos de las víctimas de crímenes internacionales.
De esta forma para que esta Convención suponga un firme paso adelante en la lucha contra la impunidad por parte de los tribunales nacionales, deben desarrollarse y reforzarse los derechos de las víctimas como: el derecho al acceso a la justicia a través de leyes nacionales de jurisdicción universal progresistas, el derecho a la protección, participación y acceso a la información durante todo el proceso judicial o el derecho a obtener una reparación integral. Y todo ello con el objetivo de que estas víctimas no sufran una revictimización con ocasión de verse envueltas en causas judiciales dilatadas en el tiempo y que finalmente no acaben poniendo punto final a la impunidad.
Por todo ello, la APDHE ha instado al Gobierno Español a que apoye de forma activa las negociaciones del tratado en la próxima Conferencia Diplomática de la Convención respaldando las mejoras al borrador propuestas por distintas organizaciones de derechos humanos. Además, se ha instado a que España retome el liderazgo en la persecución de estos horrendos crímenes, y se sume, como Estado parte negociador, y no mero observador, a los esfuerzos de la iniciativa de los 6 Estados promotores, que son Argentina, Bélgica, Mongolia, Países Bajos, Senegal y Eslovenia; los cuales tratan de consolidar un texto más avanzado de tratado para facilitar a las víctimas de crímenes internacionales un mejor funcionamiento de la justicia, gracias a una cooperación internacional en la asistencia legal mutua y extradición.
Y, por último, pero como prioridad número uno, la APDHE, recoge el malestar de todas las organizaciones de derechos humanos y víctimas de estos crímenes, y hace de nuevo un llamamiento al Gobierno Español para que retome su compromiso de derogar la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que adapte la jurisdicción universal de nuestro país a los estándares internacionales de los países más activos de nuestro entorno europeo. Para ello, el Gobierno debe rescatar el borrador de reforma presentado por el anterior Ministerio de Justicia e iniciar de nuevo el trámite parlamentario correspondiente.
Este es el primer paso impostergable que debe efectuarse en nuestro país: recuperar la jurisdicción universal; ya que, sin ella, España como Estado, tendrá un papel irrelevante en la cooperación internacional en la Investigación y Enjuiciamiento de crímenes internacionales, de aprobarse la mencionada Convención. Recordemos que esta reforma se comenzó a gestar a finales del 2013 cuando en el caso del genocidio del Tíbet, denunciado por el CAT (Comité de Apoyo al Tíbet) ante la Audiencia Nacional, y tras casi diez años de investigación, se acabaron dictando ordenes de arresto internacional contra los máximos mandatarios del Partido Comunista Chino (PCCh) (su anterior Presidente, Jiang Zemin, y ex Primer Ministro, Li Peng, entre otros). La presión diplomática y el chantaje económico y comercial desde Beijing no se hizo esperar y en pocas semanas el gobierno del entonces Partido Popular de Rajoy, modificó la ley mencionada para archivar este caso; arrodillándose de esta forma ante el régimen del PCCh y dejando en la estacada a más de un millón de víctimas de este genocidio olvidado. Este asunto está ahora pendiente de ser resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
José Elías Esteve Moltó – Vicepresidente APDHE y CAT
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