Vivimos unos momentos de crispación política de máxima tensión. No es cuestión de buscar culpables, pero es importante reflexionar que son los políticos los responsables de esta terrible situación en la que estamos sumidos:
- Si Mariano Rajoy hubiera dimitido no hubiera habido moción de censura.
- Si Albert Rivera no se hubiera cerrado en banda a no gobernar en coalición con Pedro Sánchez, no hubiéramos tenido un gobierno social-comunista.
- Si Núñez Feijoo no hubiera hecho de VOX el enemigo a batir en la campaña electoral, la suma del PP y VOX tendría mayoría absoluta.
Tras el fracasado intento de investidura de Núñez-Feijoo, Su Majestad el Rey, siguiendo a rajatabla con lo que marca la Constitución ha propuesto al megalómano narcisista de Pedro Sánchez como candidato a la investidura a presidente del Gobierno del Reino de España.
Durante el periodo de gobierno social-comunista, los socios de Sánchez, y a veces el propio Sánchez, no han perdido oportunidad no solo de hacerle desprecios públicos al Rey sino también han osado criticarle y pedir un cambio de régimen. Aun así, el Rey en un papel complejo, ha afianzado la institucionalidad que preside su reinado desempeñando sus responsabilidades con sentido del deber y respeto institucional. Gracias a este impecable comportamiento constitucional los españoles vemos al Rey como encarnación de todo lo bueno que hay en este país.
Tras el encargo del Rey, los que no quieren a España van a intentar formar gobierno. Los partidos independentistas conocedores que de ellos depende Pedro Sánchez tenga éxito en su intento, están chantajeando al sátrapa exigiendo una amnistía y un referéndum que no tienen cabida en el orden constitucional.
- Decenas de expertos constitucionalistas lo han dicho. El propio Pedro Sánchez, de manera rotunda y en múltiples ocasiones ha sostenido en público, la última tres días antes de las elecciones, el pasado 20 de julio: “el independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución”.
El supuesto referéndum no tendría cabida legal internacional. La doctrina de las Naciones Unidas, las resoluciones de su Asamblea General y las leyes internacionales no conceden a ningún territorio integrante de un Estado democrático la facultad de realizar un referéndum de autodeterminación. Para la Unión Europea, los tratados y resoluciones que apoyan el derecho de los pueblos a la libre determinación no son aplicables a países libres y democráticos. Es impensable que este referéndum jamás se celebre, y los políticos lo saben muy bien, pues conduciría a una situación de ilegalidad de consecuencias muy negativas geoestratégicas y para la estabilidad mundial.
A pesar de ello, todos sabemos que Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder es capaz de cualquier cosa incluido intentar colar una amnistía con cualquier otro nombre o negociar un referéndum imposible de celebrarse nunca. El presidente en funciones, que no da hilvanadas sin hilo, y sus secuaces son conocedores de que poner a Su Majestad el Rey en esta situación tan delicada debilita, al menos momentáneamente, su figura.
Hay muchos españoles que aman su país que no conocen bien la Constitución y por ende las funciones y obligaciones del Rey en el marco constitucional y por ello están muy decepcionados con que el monarca haya designado a Pedro Sánchez a lugar de disolver las Cortes y convocar elecciones. Es por ignorancia (o por mala intención), que se pida al Rey que incumpla la Constitución.
En estos momentos estamos viendo una campaña contra Su Majestad de personas decepcionadas de derechas y de los esbirros de la izquierda. Las redes sociales están llenas de críticas que en algunos casos se podrían considerar injurias contra el jefe del Estado. El Código Penal fija de seis a 24 meses de multa para quien «utilizare la imagen del Rey (…) de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona». En el pasado, Vox ha llevado a la Audiencia Nacional querellas por injurias al Rey. Está claro que esta situación de crispación en la que ahora han mezclado a Felipe VI solo beneficia a los que quieren cargarse el régimen de 1978. No les hagamos el juego. Mas que nunca es necesario salvar las instituciones que aún no están invadidas. Debemos defender la Monarquía, a la que todos los enemigos del país les gustarían eliminar para dar rienda suelta a su poder.
Dice Pilar Cernuda y estoy plenamente de acuerdo con ella: “Don Felipe no puede nombrar ni quitar presidente, aprobar ni rechazar leyes. Su discurso más sólido fue el que pronunció el 3 de octubre de 2017, cuando los hoy socios de Sánchez celebraron un referéndum ilegal. Pero el Rey no puede ir más allá de las palabras. Su figura se hace grande por su acatamiento sin fisuras a la Constitución … y por su obligada neutralidad. Incluso en momentos tan delicados como los que estamos viviendo. Como los que están viviendo él y su familia. D. Felipe no se ha apartado ni un milímetro de lo que dice la Constitución, esa es su fuerza, su ley, lo que garantiza que alguien se mantiene firme en lo que debe ser firme un jefe de Estado: neutral e independiente del juego político. Asume lo que le llega tras ser aprobado por la mayoría del Parlamento. ¿Aunque vaya contra sus convicciones morales? Aunque vaya contra sus convicciones morales, esa es la grandeza de la monarquía parlamentaria, que se somete a lo que decidan la mayoría de los ciudadanos a través de su Parlamento.”
Pedro Sánchez debe de pensar que si promoviese una ley de amnistía a los golpistas (y esta fuese aprobada por mayoría parlamentaria), el jefe del Estado tendría que firmarla. Es parte del deber constitucional del Rey rubricar las leyes propuestas por las Cortes, pero en este caso muchos analistas y juristas coinciden que el gobierno estaría poniendo en una tesitura muy complicada al jefe del Estado pues nuestra Constitución es clara en lo que se refiere a la unidad de España y la integridad territorial. Lo que es inadmisible es que a un presidente del Gobierno se le pase por la cabeza la bizantina idea de someter al Rey a una prueba semejante.
La Constitución Española de 1978 contiene un título completo dedicado a la monarquía, este es el Título II. De la Corona. Concretamente en el artículo 56 se especifica que el Rey es el jefe del Estado y que el mismo representa un símbolo de unidad y permanencia.
Entre las funciones del Rey como jefe del Estado está la Regulación de las instituciones: El rey se encarga de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Le corresponde al jefe del estado convocar y disolver las Cortes Generales y convocar las elecciones, convocar los referéndums, proponer al candidato a presidente del gobierno —y en su caso, nombrarlo—, ser informado de los asuntos del Estado y presidir las sesiones del Consejo de ministros a dichos efectos, y nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta del presidente.
De esto se deduce que el Rey cumpliendo su máximo deber constitucional se negaría a firmar esa hipotética ley y jamás convocaría un referéndum de auto determinación de una parte del Estado pues estaría incumpliendo su deber constitucional al ser El, la encarnación simbólica de la unidad de España.
Hoy más que nunca, es imprescindible la figura del rey Felipe VI, como garante máximo de las Instituciones de una nación que están siendo atacadas desde dentro. El Rey es el principal referente de estabilidad, de sosiego y de confianza en el futuro. Es la única figura que actúa siguiendo milimétricamente lo que indica la Constitución.
Si no tuviéramos un Rey en la Jefatura del Estado, está ya habría sido corrompida por el poder político y España estaría a punto de dejar de existir como nación quedando nuestra gloriosa historia relegada a una nota a pie de página en los anales de la historia.
Confiemos que llegue el 27 de noviembre y que el autócrata de la Moncloa no logre conseguir sus propósitos y se disuelvan las Cortes. En ese caso el 14 de enero los españoles tendríamos una nueva oportunidad en las urnas. Sin duda, probablemente la última.
¡Viva el Rey!
por Carlos Mundy
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